Número 15

El clima terrestre está influenciado por múltiples ciclos que interactúan en diferentes escalas de tiempo. Desde el punto de vista de la actividad aseguradora, la principal preocupación se centra en los ciclos de corto y medio plazo, principalmente aquellos que se pueden identificar durante los últimos siglos, o incluso de las últimas décadas. Estos ciclos afectan la intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, tifones, ciclones, granizo, incendios forestales, sequías, olas de calor, tormentas eléctricas severas, olas de frío, tormentas de nieve, tormentas de hielo, heladas, ciclón bomba, ciclones extratropicales, ríos atmosféricos, vendavales, ráfagas convectivas, frío extremo, marejadas ciclónicas, avalanchas de nieve y depresiones aisladas en niveles altos.

La intensificación de estos fenómenos se debe en gran medida al calentamiento global, que está alterando los patrones climáticos y aumentando la frecuencia y severidad de los eventos extremos. Desde el año 1850, vienen registrándose anomalías en la temperatura media terrestre y de los océanos, con un calentamiento global significativamente superior a su media de largo plazo, que numerosos estudios tienden a vincular con las revoluciones industriales, en virtud del impacto en la atmósfera de la emisión de gases de efecto invernadero que está acelerando el aumento de la temperatura media del planeta (véase la Gráfica 1). Los modelos predictivos climáticos, incluyendo la modelización meteorológica, los modelos de cambio climático y la inteligencia artificial, son herramientas clave para estimar los niveles de riesgo y pérdidas económicas de eventos meteorológicos extremos.

La brecha de aseguramiento por catástrofes naturales se define como la diferencia entre las pérdidas económicas totales causadas por estos eventos y las pérdidas cubiertas por contratos de seguros. Los desastres naturales catastróficos pueden ser tan grandes y sistémicos que ni el mercado privado ni el sector público pueden abordarlos solos, creando brechas de cobertura aseguradora conocidas como «CatNat Gap». Esta brecha es especialmente significativa en regiones como Asia y América Latina, donde solo una pequeña proporción de las pérdidas está asegurada. Los ciclones tropicales y las inundaciones representan los eventos con mayores pérdidas acumuladas, destacando la necesidad de mejorar la cobertura aseguradora en estas áreas.

En el período 2013-2022, los huracanes provocaron pérdidas económicas estimadas en 899 mil millones de dólares, de las cuales solo 360 mil millones estaban cubiertas por seguros, lo que representa un 40% de cobertura aseguradora. Las inundaciones, por su parte, generaron aproximadamente 496 mil millones de dólares en daños, con un déficit de cobertura aseguradora del 80,6%. Estos datos subrayan la importancia de cerrar la brecha de protección aseguradora para mitigar el impacto económico de los desastres naturales. Las pérdidas globales por catástrofes naturales muestran grandes variaciones anuales y una tendencia creciente, atribuida al impacto del cambio climático, así como al crecimiento económico, demográfico y la expansión urbana en zonas vulnerables (véase Gráfica 2).

Los mecanismos de protección contra catástrofes incluyen asociaciones público-privadas, fondos de seguros respaldados por el gobierno y programas de coaseguro subsidiados con sistemas diversos según los países y, aunque todavía poco desarrollados, existen también algunos mecanismos regionales como los que funcionan en el Caribe y África.

En Estados Unidos, por ejemplo, existen programas como el National Flood Insurance Program (NFIP) y la California Earthquake Authority (CEA), que proporcionan cobertura para inundaciones y terremotos, respectivamente. El Flood Re del Reino Unido cobra una prima de las pólizas de seguros del hogar cuyo riesgo de inundación se decide ceder al fondo, además de una contribución anual obligatoria por parte de todas las entidades aseguradoras que tengan esa cobertura en función de su cuota de mercado; el Nat Cat de Francia, por su parte, se nutre de un recargo obligatorio en las pólizas de seguros de daños, en tanto que el Consorcio de Compensación de Seguros en España asume el riesgo extraordinario de catástrofes naturales cobrando un recargo obligatorio en prácticamente todas las pólizas de seguros, con solo algunas pequeñas excepciones. En México, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Programa para el Fondo de Desastres Naturales son mecanismos clave para la gestión de riesgos catastróficos. En Brasil, el Fondo de Estabilidad del Seguro Rural (FESR) protege a los productores rurales contra los impactos negativos de los fenómenos climáticos extremos.

La cobertura de riesgos extraordinarios para la agricultura es esencial para proteger a los productores agrícolas frente a fenómenos climáticos adversos como inundaciones, sequías, heladas, granizo y otros desastres naturales. Estos eventos pueden causar pérdidas significativas en la producción agrícola, afectando la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de las comunidades rurales.

Para abordar estos riesgos, se han desarrollado diversos modelos de seguros agrarios que combinan instrumentos como fondos de aseguramiento específicos y seguros agrarios de distintos tipos. Estos seguros pueden ser individuales, colectivos o adquiridos por el Estado, y pueden cubrir eventos no correlacionados o catastróficos. Además, existen seguros tradicionales y paramétricos, que determinan el pago de indemnizaciones en función de índices climáticos o de rendimiento.

En muchos países, los seguros agrarios cuentan con subsidios a las primas para hacerlos más accesibles a los agricultores. También se utilizan herramientas de zonificación de riesgos para identificar las áreas con mayor riesgo climático, orientando así la planificación de los cultivos y el diseño de los seguros.

El reaseguro juega un papel clave en la gestión de riesgos catastróficos, permitiendo a las aseguradoras transferir parte de sus riesgos a otras entidades. Los contratos de reaseguro pueden ser proporcionales, donde el reasegurador asume una proporción de las primas y de los siniestros, o no proporcionales, donde el reasegurador cubre los siniestros que superan un determinado límite. El mercado global de reaseguro ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando casi 900 mil millones de dólares en primas brutas y más de 630 mil millones de dólares en primas netas a finales de 2023, lo que representa un aumento del 12% y 13% respectivamente en comparación con el año anterior.

Los bonos catastróficos (Cat bonds), surgidos en los años 90 tras eventos devastadores como el huracán Andrew y el terremoto de Northridge, permiten a las aseguradoras transferir riesgos del balance de las aseguradoras a través de titulización, agrupando estos riesgos en títulos vinculados a seguros (ILS) que se venden a inversores. Estos bonos se activan bajo condiciones específicas de pérdidas, ofreciendo una rentabilidad atractiva y respondiendo el 100% de la inversión en caso de un evento catastrófico, con diferentes clases de bonos según el nivel de riesgo. Los bonos catastróficos son instrumentos financieros que proporcionan una fuente adicional de financiación para la recuperación tras desastres naturales. Estos bonos se emiten bajo la condición de que se produzca un evento catastrófico específico, como un huracán de gran magnitud o un terremoto, y se activan cuando se alcanzan ciertos umbrales de pérdidas. Los bonos catastróficos ofrecen una rentabilidad atractiva para los inversores, al tiempo que proporcionan liquidez inmediata para la recuperación tras desastres (véase gráfica 3).

Las entidades aseguradoras están expuestas a riesgos físicos, de transición y de responsabilidad relacionados con el cambio climático. Los riesgos físicos se refieren a los daños directos causados por eventos climáticos extremos, mientras que los riesgos de transición surgen de los cambios en políticas y tecnologías necesarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los riesgos de responsabilidad están relacionados con las posibles demandas legales y reclamaciones por los daños causados por actividades que contribuyen al cambio climático.

Las iniciativas globales sobre criterios de sostenibilidad, como los principios de inversión responsable y seguros sostenibles, buscan movilizar capital privado hacia proyectos con impacto ambiental positivo. Los bonos verdes y bonos sostenibles son instrumentos clave en esta transición, financiando actividades de bajas emisiones de carbono y promoviendo la adaptación al cambio climático. Estos bonos permiten a las entidades aseguradoras invertir en proyectos que contribuyen a la mitigación del cambio climático, al tiempo que diversifican sus carteras de inversiones y reducen su exposición a riesgos climáticos. Además de las iniciativas desarrolladas por la ONU, la Unión Europea (UE) ha sido muy activa en la adopción de un marco regulatorio robusto y complejo para integrar el cambio climático en las decisiones de inversión. Este marco busca fomentar la sostenibilidad mediante diversas normativas, tanto en el ámbito de la divulgación de información que deben proporcionar los inversores en los mercados financieros, como en la regulación material que va más allá de los requisitos de divulgación, abarcando aspectos sustantivos como la diligencia debida, normas de responsabilidad civil y sanciones.

El mercado de derechos de emisión de CO2 es una herramienta clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este sistema permite a las empresas comprar y vender derechos de emisión, incentivando la reducción de emisiones al establecer un coste por cada tonelada de CO2 emitida. Existen dos tipos principales de sistemas de negociación: los regulados, que establecen límites obligatorios para las emisiones y permiten el comercio de derechos entre empresas, y los voluntarios, donde las empresas compran créditos de carbono para compensar sus emisiones sin estar obligadas por la ley. Los sistemas regulados, como el EU Emissions Trading System (EU ETS) en la Unión Europea, son los más desarrollados y cubren una amplia gama de sectores, incluyendo la generación de energía, la industria pesada y la aviación. Estos mercados buscan fomentar la sostenibilidad y la transición hacia una economía baja en carbono.

Cerrar la brecha de protección aseguradora para los riesgos catastróficos es un desafío de política pública que requiere una acción coordinada entre entidades aseguradoras y gobiernos. Las asociaciones público-privadas pueden ser fundamentales para gestionar conjuntamente el riesgo de desastres, desarrollando marcos de colaboración para compartir riesgos y garantizar una cobertura asequible. Las políticas públicas deben integrar las consideraciones de seguros en esfuerzos más amplios de adaptación climática, como inversiones en infraestructura, planificación del uso de la tierra y sistemas de alerta temprana.

Las asociaciones público-privadas (PPP) entre autoridades gubernamentales y el sector asegurador pueden ser un elemento fundamental para gestionar conjuntamente el riesgo de desastres. Estas asociaciones pueden adoptar diversas formas, como fondos comunes de seguros respaldados por el gobierno, programas de coaseguro subsidiados por la administración, reaseguro estatal para aseguradoras privadas, o planes de financiación conjunta para garantizar una cobertura asequible. Muchos países han utilizado con éxito las PPP para abordar los fallos del mercado de seguros contra desastres, especialmente cuando las aseguradoras privadas por sí solas cobraban primas inasequibles o excluían zonas de alto riesgo.

Para garantizar el éxito de los esquemas de PPP, es fundamental una amplia participación, ya que, dada la naturaleza del riesgo a compensar, cuanto mayor y más diverso sea el fondo, más estable y asequible será la cobertura. Del análisis de las principales PPP que existen funcionando en la actualidad, se desprende que existe una gran variedad de asociaciones en cuanto a los riesgos catastróficos concretos que cubren y, correlativamente, de la variedad de ramos de seguros sobre los que se impone algún tipo de recargo para constituir los fondos necesarios para su funcionamiento.

Las políticas públicas deben integrar las consideraciones de seguros en esfuerzos más amplios de adaptación climática, como inversiones en infraestructura, planificación del uso de la tierra y sistemas de alerta temprana. Además, es esencial mejorar la obtención y gestión de datos de siniestralidad catastrófica, promoviendo la modelización dinámica avanzada y el intercambio de datos entre aseguradoras y organismos públicos. Las soluciones paramétricas, que pagan una cantidad preestablecida en función de un factor desencadenante, pueden desempeñar un papel importante en la ampliación de la cobertura aseguradora, proporcionando liquidez inmediata tras eventos extremos. Los seguros pueden incentivar la reducción de riesgos y ser integrados en esfuerzos de adaptación climática, mejorando la gestión de datos de siniestralidad y ampliando la cobertura mediante soluciones paramétricas combinadas con seguros convencionales.

Por último, cabe destacar que en abril de 2023, el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA) publicaron un documento de debate sobre la creciente brecha de protección de los seguros climáticos. Entre 1981 y 2023, las catástrofes naturales causaron aproximadamente 900.000 millones de euros en pérdidas económicas directas en la UE, de las cuales solo una cuarta parte estaba asegurada. El documento propone una solución a nivel de la UE compuesta por dos pilares: un sistema de reaseguro público-privado para aumentar la cobertura de seguros en zonas de baja cobertura, y un fondo de financiación pública para mejorar la gestión del riesgo de catástrofes en los Estados miembros. Ambos pilares buscan mejorar la resiliencia ante los riesgos de catástrofes naturales, incentivando la mitigación de riesgos y aprovechando los beneficios de la diversificación de riesgos a nivel regional y nacional (Gráfica 4).

En el siguiente enlace puede encontrar el estudio Cambio climático, riesgos extraordinarios y políticas públicas, elaborado por MAPFRE Economics, en el que se analizan con más detalle cómo el cambio climático está aumentando los riesgos extraordinarios que enfrenta la actividad aseguradora, debido a la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos y la creciente brecha de protección aseguradora frente a desastres naturales.